EEUU y China reavivan la carrera lunar: ¿quién marcará el futuro político de la Luna?
La carrera espacial ha vuelto a cobrar protagonismo internacional, esta vez con el objetivo de instalar presencia humana permanente en la Luna. Estados Unidos y China se encuentran en el centro de esta competición, evocando los tiempos de la Guerra Fría en los que la llegada del Apolo 11 supuso un hito de supremacía tecnológica y política. Sin embargo, en el siglo XXI, la rivalidad va más allá de la mera demostración de capacidades: ahora está en juego el modelo de gobernanza que regirá el espacio cislunar y, en particular, la cuestión de la soberanía sobre el suelo lunar.
La política lunar desde el Tratado del Espacio Exterior
Desde 1967, el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre (OST, por sus siglas en inglés) establece que ningún Estado puede reclamar la soberanía sobre la Luna o cualquier otro cuerpo celeste. Este principio de no apropiación fue diseñado para evitar la extensión de la competencia geopolítica más allá de la Tierra. No obstante, la expansión de la actividad espacial, tanto pública como privada, está poniendo a prueba la solidez de este marco legal.
El impulso de Estados Unidos por mantener el statu quo se ha materializado en los Acuerdos Artemisa, presentados por la NASA en 2020 para promover la cooperación internacional en la exploración lunar bajo principios de transparencia, sostenibilidad y uso pacífico. Hasta ahora, más de una veintena de países han firmado estos acuerdos, pero China y Rusia se han desmarcado, apostando por su propio programa conjunto de estación internacional lunar.
La ofensiva tecnológica de China y la respuesta estadounidense
China ha conseguido avances notables en los últimos años: la misión Chang’e 4 fue la primera en alunizar en la cara oculta de la Luna y las misiones Chang’e 5 y 6 han traído muestras lunares de vuelta a la Tierra. El país asiático planea enviar astronautas a la superficie lunar antes de 2030 y, junto a Rusia, prevé la construcción de una base científica internacional en torno al polo sur lunar, una región rica en hielo de agua y recursos estratégicos.
Ante este desafío, la NASA ha acelerado el programa Artemisa. El primer vuelo tripulado, Artemisa II, está previsto para finales de 2025, con el ambicioso objetivo de una presencia humana sostenible en la década siguiente. Empresas privadas como SpaceX juegan un papel fundamental: la nave Starship, seleccionada como módulo lunar, promete capacidades de transporte de gran tonelaje e innovación tecnológica. Blue Origin y otras firmas estadounidenses también participan en la carrera por desarrollar sistemas de aterrizaje y hábitats lunares.
El riesgo de las reclamaciones territoriales y la diplomacia espacial
El temor a una posible apropiación unilateral de zonas clave del satélite, como los cráteres iluminados perpetuamente cerca del polo sur, ha incrementado la preocupación internacional. Bajo el actual marco legal, ninguna nación puede reclamar legítimamente una parte de la Luna. Sin embargo, la presencia física prolongada y la instalación de infraestructuras pueden derivar en derechos de facto, generando tensiones políticas y potenciales conflictos.
Estados Unidos promueve una estrategia de soft power para contrarrestar la influencia china. Esto implica cooperación con aliados, impulso de la transparencia y establecimiento de normas técnicas abiertas que refuercen el principio de no soberanía. Por su parte, China aboga por nuevos acuerdos internacionales que reflejen la multipolaridad actual y cuestiona la legitimidad de los Acuerdos Artemisa como base de la gobernanza global.
El auge de la iniciativa privada y el marco regulador
El papel de las empresas privadas añade complejidad. SpaceX, con sus lanzamientos cada vez más frecuentes, y Blue Origin, que avanza en el desarrollo de sistemas de aterrizaje tripulados, están transformando el acceso al espacio. Virgin Galactic, aunque centrada en el turismo suborbital, representa el auge del sector comercial. En Europa, la española PLD Space se posiciona como pionera con el exitoso vuelo de su cohete Miura 1, abriendo la puerta a futuras misiones orbitales y demostrando que la nueva carrera lunar también se juega en el ámbito empresarial.
La explotación de recursos, como el hielo de agua o los minerales presentes en el regolito lunar, plantea nuevos dilemas. El Acuerdo de la Luna de 1979, que preveía una gestión internacionalizada de los recursos, nunca fue ratificado por las grandes potencias, lo que deja el futuro regulatorio en un limbo jurídico.
Exoplanetas y la proyección del modelo lunar
El debate sobre la soberanía lunar tiene implicaciones que trascienden nuestro satélite. A medida que progresa la búsqueda y caracterización de exoplanetas habitables por misiones como las de la NASA (TESS, James Webb) y la Agencia Espacial Europea (CHEOPS, PLATO), la definición de normas y principios para la actividad humana fuera de la Tierra se vuelve aún más urgente.
En definitiva, la Luna es hoy mucho más que un objetivo científico: se ha convertido en el primer campo de pruebas para definir el orden internacional del espacio en el siglo XXI. El desenlace de esta nueva carrera lunar marcará el rumbo de la exploración interplanetaria y determinará si la humanidad es capaz de mantener el espacio como patrimonio común, o si la competencia geopolítica se impondrá también más allá de nuestro planeta.
(Fuente: SpaceNews)
