Estados Unidos reabre el debate sobre el pago por servicios de vigilancia espacial
El reciente cambio introducido en la orden ejecutiva del 18 de diciembre de 2025, conocida como «Garantizar la Superioridad Espacial Estadounidense», ha reactivado una cuestión largamente discutida en el sector aeroespacial: ¿deberían los operadores de satélites pagar por los servicios básicos de vigilancia y coordinación del tráfico espacial? Esta modificación, que parece menor a simple vista, revisa la directiva de política espacial SPD-3 al eliminar la disposición que establecía que estos servicios se ofrecieran “sin tasas directas para los usuarios”. Aunque la frase eliminada puede parecer una formalidad administrativa, su impacto potencial en el panorama de la seguridad espacial es considerable.
En la práctica, Estados Unidos ha sido tradicionalmente el proveedor de datos de conocimiento de la situación espacial (SSA, por sus siglas en inglés) y de coordinación civil del tráfico espacial (STC) para la comunidad internacional. A través de la red de vigilancia del espacio, gestionada principalmente por el Departamento de Defensa y, más recientemente, con una creciente implicación de la NASA y otras agencias civiles, la información sobre la posición y trayectoria de miles de objetos en órbita se ha compartido de manera gratuita con gobiernos, empresas privadas y operadores de todo el mundo. Este sistema ha permitido evitar colisiones y gestionar el creciente problema de la congestión orbital, especialmente a raíz del auge de las megaconstelaciones como Starlink de SpaceX.
La decisión de replantear la gratuidad de estos servicios llega en un contexto de rápida expansión del tráfico espacial. El lanzamiento masivo de satélites por parte de empresas como SpaceX y Blue Origin, así como el desarrollo de nuevos proyectos de constelaciones por parte de actores emergentes como Amazon Kuiper y las startups europeas, ha incrementado la complejidad de la gestión del espacio cercano a la Tierra. La Agencia Espacial Europea (ESA) y la japonesa JAXA también han manifestado su interés en establecer sus propios sistemas de vigilancia, pero hasta ahora la infraestructura estadounidense sigue siendo la referencia global.
La cuestión de si cobrar o no por estos servicios no es meramente económica. Algunos expertos sostienen que imponer tasas podría incentivar a operadores privados, como SpaceX o PLD Space, a desarrollar sus propias capacidades de seguimiento, mejorando así la resiliencia del sistema global. Sin embargo, otros advierten que las tarifas podrían dificultar el acceso a la información esencial para operadores más pequeños y países en vías de desarrollo, aumentando el riesgo de incidentes y fragmentando el ecosistema de seguridad espacial.
Históricamente, la provisión gratuita de alertas y datos de catálogos orbitales ha sido vista como una contribución estadounidense a la seguridad global, similar a los sistemas internacionales de aviso de tsunamis o terremotos. El auge de las actividades comerciales en el espacio, no obstante, ha cambiado las reglas del juego. SpaceX, por ejemplo, gestiona actualmente la mayor constelación de satélites en activo y sus operaciones dependen de la fiabilidad y precisión de los datos de vigilancia espacial. Blue Origin, por su parte, ha anunciado planes para desplegar plataformas orbitales y estaciones espaciales, lo que incrementará aún más la densidad de objetos en órbita baja.
En Europa, PLD Space ha destacado en los últimos años como pionera en el lanzamiento de cohetes reutilizables de pequeño tamaño, y tanto la ESA como la industria privada han señalado la importancia de contar con sistemas autónomos y complementarios de vigilancia y coordinación. Por su parte, Virgin Galactic y otras empresas del turismo espacial añaden aún más tráfico y complejidad, aunque en trayectorias suborbitales.
En paralelo, el descubrimiento de exoplanetas y la exploración de nuevos horizontes por parte de la NASA, SpaceX y otras agencias han puesto de relieve la importancia de mantener el entorno espacial seguro y sostenible. El reciente interés en misiones de retorno lunar y la creación de infraestructuras en órbita cislunar requerirán sistemas de vigilancia aún más sofisticados y colaborativos.
La solución al debate no reside únicamente en decidir si se debe cobrar por los servicios, sino en mejorar la calidad y precisión de los catálogos orbitales y garantizar que las alertas de colisión sean más fiables y accesibles. Algunos expertos proponen que, en lugar de imponer tasas, se invierta en modernizar los sistemas de seguimiento y se fomente la colaboración internacional, permitiendo que tanto el sector público como el privado contribuyan y se beneficien de un entorno espacial seguro.
En definitiva, la reciente modificación en la política estadounidense no solo reaviva una discusión sobre costes, sino que obliga a repensar el modelo de gobernanza del espacio y la cooperación global en una era de intensa actividad comercial y científica. A medida que empresas como SpaceX, Blue Origin, PLD Space y Virgin Galactic continúan expandiendo las fronteras de la exploración y explotación espacial, la seguridad y sostenibilidad del espacio cercano a la Tierra se convierten en prioridades inaplazables para todos los actores del sector.
(Fuente: SpaceNews)
